El lunes, el Tribunal Supremo de EE.UU. verá el caso Kennedy contra Braidwood Management, del que The Advocatedio noticia por primeravez en 2022, que podría desmantelar una de las disposiciones de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible más utilizadas y que más vidas salvan: la garantía de que las aseguradoras deben cubrir los servicios preventivos -como la medicación para prevenir el VIH, las pruebas de detección del cáncer y la atención sanitaria materna- sin coste alguno para los pacientes.

En el centro del caso está la cuestión de si el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU. -un organismo no partidista de expertos en salud que recomienda qué servicios deben cubrir las aseguradoras en virtud de la ACA- se estableció constitucionalmente. Los demandantes sostienen que, dado que el Senado no confirma a sus miembros, su autoridad carece de validez.

José Abrigo, director del proyecto sobre el VIH y abogado sénior de Lambda Legal, dijo que el caso "trata de si la ciencia o la política guiarán la política de salud pública de nuestra nación".

"Los demandantes en este caso no están cuestionando la eficacia médica de PrEP u otros servicios preventivos, sino que están atacando la legitimidad del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU., un organismo experto y no partidista creado por el Congreso para hacer recomendaciones basadas en la evidencia sobre qué tipo de atención debe ser cubierta", dijo Abrigo a The Advocate. "Permitir que las objeciones ideológicas o religiosas anulen el consenso científico sentaría un peligroso precedente".

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