El Tribunal Supremo estudiará el lunes la legalidad de un panel gubernamental que hace posible que los estadounidenses reciban atención sanitaria preventiva sin coste alguno, incluidos exámenes de detección de enfermedades y medicamentos para proteger a las mujeres durante el embarazo.

El caso comenzó con un empresario cristiano que se opuso a la obligación de que el plan de seguros de la empresa cubriera un medicamento para la prevención del VIH recomendado principalmente para hombres homosexuales y bisexuales. El requisito se basaba en una decisión de la U.S. Preventive Services Task Force.

Pero el desafío legal se convirtió en uno con implicaciones mucho más amplias, amenazando el libre acceso a una amplia gama de servicios utilizados por decenas de millones de estadounidenses, según juristas y expertos en salud. Entre ellos se encuentran las pruebas de detección del cáncer, el asesoramiento a mujeres embarazadas con riesgo de depresión perinatal y la medicación para reducir el colesterol y prevenir las enfermedades cardiacas.